El Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña (Segunda Sección) ha dictado resolución sobre el recurso presentado por la Liga para la Abolición de la Caza (LAC), WWF, LIPU y LAV, que solicitaban la suspensión del calendario regional de caza.
Vale la pena destacar el razonamiento del TAR. Tras considerar infundada la objeción de inadmisibilidad "debido a la falta de notificación a al menos una parte interesada, dado que el calendario de caza es un acto administrativo general, por lo que no se puede identificar a ninguna parte interesada cuya participación sea necesaria para el juicio", y considerando superflua la presentación a VINCA, ya que "ya se había solicitado para el Plan Regional de Vida Silvestre y Caza 2018-2023", el TAR abordó las desviaciones de la opinión de ISPRA con respecto a la fecha de cierre de la temporada de caza para ciertas especies de aves migratorias.
El Tribunal Administrativo Regional (TAR) subrayó que «los datos considerados por la ISPRA (datos de KCs de 2021) no son del todo concluyentes, dada la "falta de coherencia en los datos proporcionados por los distintos Estados, en particular los relativos a la cuenca mediterránea", y que la opinión de la ISPRA es una "opinión no vinculante de la que la Región se ha apartado con una justificación técnica/discrecional detallada". Además, el "peligro temido —si bien se describe de forma completamente genérica en el recurso sin tener en cuenta las diversas especies enumeradas en la disposición cuya suspensión se solicita— no es actual, ya que está relacionado con la fecha de cierre del calendario en enero de 2023, que para dos especies se pospone aproximadamente diez días con respecto a la opinión de la ISPRA, en cumplimiento del plazo de finales de enero indicado en la Ley 157/1992".
Además, el Tribunal Administrativo de Apelación condenó a los apelantes a "pagar los costos de esta fase" sin siquiera aplicar la fórmula de compensación casi habitual para la misma.
Tomado de Federcaccia.org
